PROGRESISMO: LA CARETA RENOVADA DEL CAPITALISMO (2) – CASO CHILE
El capitalismo imperialista es un sistema decadente que, tras inicios de los años setenta del siglo pasado, no pudo recomponer su tasa general de ganancia, y que en la actualidad vive la crisis más profunda de su historia. Pretenden compensar esto mediante la implantación de políticas restrictivas de derechos para las grandes masas populares, permitiéndose expresiones cada vez más abiertas y descaradas de la fascistización estatal y social. Las bases económicas en que se erige la fascistización permiten comprender el porqué de la nulidad de la democracia/dictadura burguesa.
Así mismo, la conculcación y restricción de derechos, sumada a la precarización de todos los ámbitos de la vida provocan que las masas populares protesten contra las arremetidas de los gobiernos. Cuando la profundización de la pobreza se hace insostenible, los niveles de lucha se incrementan. Las contradicciones antagónicas se van agudizando.
Sin embargo, rebeliones y levantamientos populares masivos de descontento y desconfianza han logrado ser retrotraídos al fango institucional, por medio de proyectos politiqueros “democráticos”. Ejemplo de esto fue América Latina a finales de los noventa e inicios de los dos mil, cuando las medidas económicas, políticas y sociales impuestas por gobiernos neoliberales generaron toda una crisis institucional, con consabidas protestas populares de amplia envergadura. Entrados en la descomposición del viejo Estado y con una tendencia roja aún débil para conducir los levantamientos populares, el reformismo y la burguesía encaminaron a las masas a la vía institucional. Se instaló así una nueva farsa: el socialismo del siglo XXI, que más allá del discurso renovado o las medidas asistencialistas, logró modernizar y oxigenar el aparato de Estado, toda vez que dio nacimiento y consolidó a una nueva burguesía burocrática, que permitió la avanzada del eje imperialista chino-ruso en la región.
Tras el fracaso del socialismo del siglo XXI, los gobiernos neoliberales se hicieron del poder, agudizando los problemas que hoy, así como veinte años atrás, buscan ser contenidas por programas “progresistas”. Cuenta de esto dan los continuos alzamientos populares en Chile desde inicios de 2010, y que se profundizaron bajo un escenario de rebelión popular entre 2019 y 2020. En este último estallido el levantamiento fue hábilmente dirigido por el Gobierno de Piñera y las alianzas a nivel del Parlamento hacia la redacción de una Nueva Constitución; así, demandas concretas como la eliminación de AFPs, el incremento salarial,l a nacionalización de los recursos naturales, el acceso universal a la salud o educación gratuita, se diluyeron en los márgenes estrechos de la legalidad burguesa.
En este contexto social y político se dio paso a nuevos mesías, portadores del progreso. Chile le apostó a Boric.
Este personaje proviene de una familia de tradición demócrata cristiana, a pesar de lo cual él se decantó por las vertientes socialdemócratas. Su trayectoria política da cuenta de su asidero reformista. Valiéndose de las amplias movilizaciones estudiantiles del 2011, con ayuda de la Izquierda Autónoma, figuró como presidente de la FECH y vocero de la CONFECH, ambas organizaciones tradicionalmente oportunistas y serviles a los intereses de los gobiernos de turno; al poco tiempo pasó a ocupar el cargo de parlamentario por la Izquierda Autónoma, pero en 2016 rompió vínculos con ellos para montarse en su propia construcción política llamada Frente Amplio. Con esta organización participó en al parlamento, y hacia finales de 2019, su labor fue impulsar el “Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución”, estratagema reformista implementado para desviar y apagar la rebelión popular. Queda en evidencia que Boric es ejemplo del funcionamiento del viejo truco del trampolín político, y además cómo dentro de sus gestiones no se obtuvo ningún cambio profundo para los estudiantes o los pobladores de la zona de Magallanes, a la que supuestamente representaba.
Otro elemento clave para entender los intereses del gobierno chileno actual es centrarnos en su programa político. No es difícil desenmascarar sus intereses, basta mirar lo central de su gestión:
1) La promesa de indulto a los presos de la Revuelta no se ha materializado.
2) El programa de gobierno señala el respeto irrestricto a los pueblos originarios y la creación de condiciones de diálogo, cuando en la realidad el Wallmapu está militarizado. Hay denuncias de persecución a las familias de presos políticos mapuches, desalojos en KumeRakiduam, represión contra comuneros de Arauco y Lof Kallaki.
3) Proponía resolver el tema de vivienda en Chile como algo urgente. El gobierno ha propuesto una Nueva Política Habitacional que procura la creación de 65 mil viviendas en un año (casos similares a gobiernos anteriores con propuestas de hasta 50 mil por año) sin corregir la raíz del déficit habitacional, sin confrontar la propiedad privada del suelo, mientras miles de personas a lo largo del país luchan al día de hoy en contra del hostigamiento y el desalojo, como ocurre con los pobladores de Quilicura.
4) La Estrategia Nacional de Resolución Pacífica de Conflictos es puro formalismo y reformismo, ya que en la realidad el Estado sostiene a grupos parapoliciales que amedrentan a la población. Es relevante el caso del Primero de Mayo de 2022, donde grupos armados se infiltraron entre comerciantes ambulantes y dispararon contra los manifestantes, dejando herida de gravedad a la periodista Francisca Sandoval, que más tarde fallecería.
5) El slogan “terminaremos con las AFPs” se cristaliza en una burla de retiro acotado del 10% de los fondos, dejando de lado el clamor popular.
6) En la misma línea de trabajo, el salario mínimo se incrementó a $ 400 mil pesos chilenos, mientras que la inflación tiene un incremento no visto en los últimos treinta años. Subió el salario nominal, más no el real, mientras continúan elevándose los precios de alimentos y servicios básicos.
7) No hay cambios para la educación superior pública, se mantiene la Ley de Aula Segura.
8) No se han nacionalizado los megaproyectos mineros y menos aún han sido frenados.
9) El gobierno apoya la iniciativa del TPP11, entregando en bandeja de plata los sectores estratégicos de la economía chilena, incluso resultando lesivo para la clase obrera por las reformas laborales que entrarían en vigor.
Más allá del discurso y las promesas de campaña se está apuntando a una serie de medidas antipopulares. Esto da cuenta que aún el progresismo más revoltoso es reformismo. Ante discursos incendiarios, las medidas tomadas están dentro de los márgenes de dominio del viejo Estado, y serán funcionales a los intereses de la clase que detenta el poder.
Además, al referirnos a la conformación del gabinete de Gobierno, lejos del etiquetado feminista, ambientalista, intelectual progresista, defensor de derechos humanos, etc., conviene echar ojo a cómo nuevamente la Concertación hace parte del juego del pacto burgués. Desde 2010 la institucionalidad en Chile tiene un amplio descrédito, lo que se tradujo en 65% de ausentismo electoral para seccionales de 2016, y 50% para las presidenciales de 2017. La decadencia del gobierno le obligó a establecer alianzas con la vieja izquierda, quien puso sus respectivas cuotas para que el gobierno de Boric se haga del poder, y le pudiera retribuir lo ofrendado. Posteriormente reestructuró su gabinete, permitiendo a la Concertación situar sus fichas en puestos claves, ejemplo de ello son Carolina Tohá (Partido por la Democracia; Ministerio del Interior), María Lya Uriarte (Partido Socialista; Ministerio Secretaría General de la Presidencia), Mario Marcel (Partido Socialista; Ministerio de Hacienda).
A diferencia de los primeros gobiernos del Socialismo del Siglo XXI en la región, que presentaban propuestas supuestamente más fuertes en contra de algunos sectores de la burguesía tradicional o el imperialismo norteamericano, las nuevas tendencias progresistas de la región, incluido el mandatario chileno, han adoptado un discurso cada vez más moderado, estableciendo incluso una serie de pactos para trabajar de forma coordinada con los partidos políticos tradicionales.
Durante su mandato, los gobiernos progresistas han procurado modernizar y reoxigenar el viejo Estado para darle cumplimiento efectivo al freno de los levantamientos populares. Los gobiernos del Socialismo del Siglo XXI dan cuenta del perfeccionamiento de las fuerzas represivas (incremento de las partidas presupuestarias, formación de grupos especializados de control, tecnificación de la represión y seguimiento, aumento del número de efectivos, etc.), el fortalecimiento del aparato jurídico para la criminalización (creación de normativa y reformas del cuerpo legal), y uso de mecanismos legales y políticos para la cooptación (creación de organizaciones “populares” propias y paralelas, control de las instituciones por parte del Ejecutivo, acuerdos cerrados con las dirigencias). Estos lineamientos despolitizan a las masas populares, atomizan las reivindicaciones populares, y fracturan estructuras políticas que de por sí ya eran endebles. Estos elementos ya han sido impulsados por el gobierno de Chile, vemos por ejemplo el tratamiento al conflicto de Wallmapu, en que el gabinete, tras acuerdos con el Partido Socialista, determinó que este último ponga sus delegados para tratar asuntos del pueblo mapuche con quienes no son reconocidos como dirigentes de las etnias, fraccionando las organizaciones existentes, reconociendo líderes que les son convenientes y con los cuales pueden llegar a establecer acuerdos.
La función de los gobiernos progresistas, cuanto Boric, como otros tantos, actuales o pasados, es la de reoxigenar el viejo Estado burgués. El momento histórico en que nos encontramos da cuenta de la incapacidad real de los gobiernos progresistas de mejorar los aspectos más básicos de la vida de las masas populares. Solamente una corriente roja anclada a intereses de estas masas podrá desbrozar campos para el alcance efectivo de derechos bajo un nuevo tipo de sociedad que se podrá concretar sólo a través de la revolución.
CONCLUSIONES
En la época del capitalismo imperialista, cuando las crisis son cada vez más frecuentes y la disputa interimperialista está a orden del día, la expoliación de las masas es una realidad necesaria para que el sistema se sostenga. Por tanto, la conformación política actual da al traste con las variantes “democráticas” del Estado.
El progresismo reoxigena el sistema, no lo cambia en su base. Ningún derecho relevante para las masas puede ser obtenido mediante la política progresista. El progresismo en época del capitalismo imperialista es inviable.
Debemos combatir no solo a los llamados gobiernos neoliberales, sino también a los progresistas. Mostrar la política progresista tal cual a las masas pauperizadas por este sistema. Toda vez que ajustamos nuestros propios procesos en la construcción de elementos que nos vuelquen hacia la construcción del socialismo.